La ley que elimina las pensiones de privilegio en Entre Ríos quedó promulgada tras la publicación de la Ley Nº 11.308 en el Boletín Oficial Nº 28.422. La norma, aprobada por la Legislatura el pasado 2 de septiembre, derogó definitivamente el régimen establecido por la Ley Nº 4.506 y sus modificatorias.
La nueva legislación determinó que funcionarios y empleados públicos provinciales, municipales o comunales no podrán acceder a pensiones especiales o graciables por fuera del sistema jubilatorio ordinario contemplado en la normativa vigente. La promulgación fue realizada por el gobernador Rogelio Frigerio junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. La Ley Nº 11.308 estableció que los beneficios que habían sido reconocidos antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa continuarán abonándose.
Además, se mantendrá el derecho a pensión para el cónyuge supérstite y los hijos menores en caso de fallecimiento del beneficiario.Sin embargo, para esas prestaciones se estableció un régimen de incompatibilidades. El cobro no podrá coexistir con cargos, empleos o contratos remunerados en los Estados nacional, provincial, municipal o comunal. La excepción prevista corresponde al ejercicio de la docencia. También será incompatible con la percepción de otros beneficios de carácter asistencial o graciable.
Quienes se encuentren alcanzados por alguna de estas situaciones deberán optar entre suspender la pensión o renunciar a la remuneración correspondiente al cargo público. Si el beneficiario no realizara esa opción, la Caja de Jubilaciones y Pensiones quedará facultada para suspender de oficio la prestación, publicó Apf. Además, podrá avanzar sobre el recupero de las sumas que hubieran sido percibidas indebidamente, con los intereses correspondientes.
La prohibición establecida por la nueva legislación no alcanzará a las prestaciones derivadas de la Ley Nº 7.849 de Mérito Cultural ni a las contempladas por la Ley Nº 9.216 para Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas. Tras la promulgación, el Poder Ejecutivo tendrá ahora un plazo máximo de 90 días corridos para reglamentar la Ley Nº 11.308 y establecer los mecanismos necesarios para su implementación.
