El Gobierno nacional dispuso ampliar el programa Red Federal de Concesiones e incluyó a la Ruta Nacional 12, en Entre Ríos, entre los corredores que podrán pasar a manos de empresas privadas bajo el sistema de peajes.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1358/2026, que incorporó nuevas rutas nacionales al esquema de concesiones. La disposición contempla que las empresas adjudicatarias puedan encargarse de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los sectores seleccionados.
Sin embargo, la inclusión de la Ruta 12 no significa que toda su extensión en territorio entrerriano vaya a ser concesionada. Todavía deberán realizarse los estudios técnicos y determinarse cuáles serán los tramos que integrarán las futuras licitaciones.
La norma incluyó a la Ruta Nacional 12 entre los corredores que podrán incorporarse a esta nueva etapa del programa. En cambio, la Ruta Nacional 14 también fue contemplada, pero únicamente en los sectores correspondientes a las provincias de Corrientes y Misiones. Por lo tanto, los tramos de esa ruta ubicados en Entre Ríos no forman parte de esta disposición.
Respecto de la Ruta 12, el decreto no precisó qué sectores serán incorporados al sistema de concesiones. La Dirección Nacional de Vialidad deberá realizar los estudios técnicos correspondientes, mientras que la Secretaría de Transporte tendrá a su cargo la definición de los tramos que finalmente serán licitados.
Además, quedaron excluidos de las nuevas licitaciones aquellos sectores que ya se encuentran bajo concesión. De esta manera, la incorporación de una ruta al programa no implica necesariamente que se concesione su recorrido completo, sino solamente las partes que determine el Gobierno nacional.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, quedó facultado para avanzar con el procedimiento administrativo. Entre sus atribuciones se encuentran determinar los tramos, aprobar los pliegos de condiciones, convocar a las licitaciones, evaluar las ofertas y adjudicar los contratos.
El decreto instruyó a esa cartera a convocar a una licitación pública nacional e internacional dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia de la norma, prevista para el sábado 14 de noviembre.
Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad continuará como autoridad de aplicación de los contratos. El organismo tendrá a su cargo las tareas de supervisión y control de las concesiones que se adjudiquen en el marco de este proceso.
Los corredores que sean seleccionados serán explotados bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, contemplado en la Ley 17.520. El esquema permitirá que las empresas adjudicatarias se encarguen de las tareas de infraestructura y mantenimiento, además de prestar servicios a los usuarios.
La disposición también habilitó el desarrollo de actividades complementarias que puedan generar ingresos adicionales para las concesionarias. No obstante, el decreto no estableció nuevos valores de peajes, ubicaciones de cabinas ni fechas para el comienzo del cobro en los sectores que se incorporen.
Esas condiciones deberán definirse durante la elaboración de los pliegos y la posterior conformación de los contratos. Según los fundamentos de la norma, la ampliación del programa apunta a promover inversiones privadas para la conservación, rehabilitación y desarrollo de la infraestructura vial.