Claves
- La situación adquiere una dimensión aún más preocupante cuando se incorporan al análisis los proveedores no financieros de crédito, como billeteras virtuales y empresas Fintech.
- En ese caso, la morosidad consolidada de las familias asciende a un estimado del 15,5%, alcanzando a 5,91 millones de personas que se encuentran en situación irregular.
- Uno de los aspectos más críticos del período es el crecimiento de la categoría de deudores considerados “irrecuperables”.
Por Mg. Cr. Álvaro Gabás y Lic. Delfina Bordet. De acuerdo con el informe presentado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el bimestre julio-agosto de 2026 consolida un escenario de marcada fragilidad financiera y social para amplios sectores de la población.
La morosidad del sector privado con el sistema bancario comercial se ubica en el 7,6%, manteniendo niveles históricamente elevados y acumulando diecinueve meses consecutivos de aumento, una situación que no se observaba en las últimas dos décadas, desde la salida de la crisis de 2001. La situación adquiere una dimensión aún más preocupante cuando se incorporan al análisis los proveedores no financieros de crédito, como billeteras virtuales y empresas Fintech.
En ese caso, la morosidad consolidada de las familias asciende a un estimado del 15,5%, alcanzando a 5,91 millones de personas que se encuentran en situación irregular. Uno de los aspectos más críticos del período es el crecimiento de la categoría de deudores considerados “irrecuperables”. Este segmento alcanza ya a 3,6 millones de argentinos, lo que representa un incremento interanual de 2,3 millones de personas.
El dato constituye una señal de alarma sobre el deterioro de la capacidad de pago de los hogares y sobre las dificultades crecientes para sostener los niveles básicos de consumo. Frente a este escenario, la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional ha estado marcada por la inacción y por una concepción de neutralidad estatal, bajo el argumento de que la crisis crediticia constituye un “problema entre privados”.
Desde esta perspectiva, se descarta la implementación de programas de asistencia o de regulación pública frente a las elevadas tasas de interés aplicadas por las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros de crédito. Sin embargo, los datos permiten observar una realidad diferente. Las personas que ingresan en situación de morosidad no necesariamente lo hacen como consecuencia de decisiones financieras irresponsables.
Una parte significativa de los créditos considerados irrecuperables corresponde a montos relativamente pequeños: la mitad de estos créditos se ubica en $309.000 o menos. Este dato resulta particularmente significativo porque permite inferir que buena parte de las familias no recurrió al endeudamiento para financiar la adquisición de bienes durables, como viviendas o vehículos, sino para afrontar gastos esenciales de la vida cotidiana: alimentos, servicios públicos y transporte.
En este contexto, el endeudamiento comienza a funcionar como un sustituto del ingreso laboral. Ante la insuficiencia de los ingresos corrientes, numerosas familias recurren al crédito para sostener su consumo básico y llegar a fin de mes. Esta dinámica se refleja claramente en la evolución de la mora. Entre fines de 2024 y mediados de 2026, la morosidad de los préstamos personales pasó del 3,3% al 15,9%, mientras que la correspondiente a las tarjetas de crédito aumentó del 1,6% al 13,1%.
La dimensión social del fenómeno es todavía más evidente entre los jóvenes. Entre los menores de 34 años, casi cuatro de cada diez personas —el 38,7%— son deudores irregulares. A su vez, entre quienes tienen entre 15 y 29 años, la cantidad de morosos considerados irrecuperables aumentó un 87% respecto del año anterior. Las billeteras virtuales constituyen, en este segmento, una de las principales fuentes de financiamiento: el 72,6% mantiene deudas en este sistema.
El crecimiento de este mecanismo de crédito, asociado a tasas de interés elevadas, expone particularmente a los sectores de menores ingresos y pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a fuentes de financiamiento más tradicionales. La respuesta oficial, sintetizada en la idea de que “cada uno debe hacerse cargo de sus decisiones”, plantea un fuerte contraste con la realidad económica que atraviesan millones de familias.
El problema es que esa explicación coloca toda la responsabilidad sobre el individuo y deja en un segundo plano las condiciones económicas que determinan su capacidad real de pago. Cuando una familia debe recurrir al crédito para comprar alimentos, pagar una tarifa o sostener servicios esenciales, difícilmente pueda interpretarse el fenómeno únicamente como el resultado de una decisión financiera individual.
Desde esta perspectiva, el crecimiento de la morosidad constituye también un indicador del deterioro del ingreso disponible de los hogares. El crédito deja de ser una herramienta de financiamiento y comienza a convertirse en un mecanismo de supervivencia. Esta situación genera, además, un problema político para el Gobierno nacional.
La distancia entre el discurso de la responsabilidad individual y la realidad de una clase media y media-baja empujada al incumplimiento de sus obligaciones puede comenzar a erosionar la tolerancia social frente al ajuste. El impacto del ajuste y del deterioro de los ingresos no se limita a las familias. La contracción de la capacidad de consumo también repercute sobre las economías provinciales y municipales.
El mapa de morosidad de la Central de Deudores (CENDEU) muestra diferencias regionales significativas y permite observar un escenario de creciente fragilidad financiera. El epicentro se encuentra en la región de Cuyo, con una tasa cercana al 20%, mientras que otras jurisdicciones presentan niveles inferiores, aunque igualmente relevantes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra un 10%, Entre Ríos un 12,6%, Santa Fe un 12,7% y Córdoba un 12,9%.
Esta situación tiene consecuencias que trascienden el ámbito estrictamente financiero. Una población con menor capacidad de pago reduce su consumo, afecta las ventas del comercio local, deteriora la cadena de pagos y termina impactando sobre la recaudación de los gobiernos provinciales y municipales. De este modo, el deterioro de las finanzas familiares puede transformarse en un problema fiscal y económico para las provincias.
La caída del consumo minorista y el debilitamiento de la actividad económica generan mayores presiones sobre los gobernadores, que deben afrontar una creciente demanda de recursos mientras sus propias fuentes de financiamiento se ven debilitadas. En este escenario, las tensiones entre las provincias y el Gobierno nacional podrían adquirir una relevancia creciente.
La necesidad de compensar la caída de la recaudación propia y sostener el funcionamiento de las economías locales puede convertirse en uno de los principales puntos de conflicto en el Congreso durante el segundo semestre.
