Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor comenzaron a analizar hoy los proyectos de distintas fuerzas para atender el endeudamiento de los hogares. El diputado Gustavo Bordet, vicepresidente de Finanzas, impulsa una iniciativa para declarar la emergencia financiera de las familias y suspender ejecuciones durante 180 días. El problema del endeudamiento familiar comenzó a ocupar un lugar central en la agenda de la Cámara de Diputados.
Hoy, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor avanzaron en el análisis de distintas iniciativas que buscan dar respuesta a una situación que afecta cada vez a más hogares argentinos. En ese marco, el exgobernador entrerriano diputado reclamó que el Congreso avance en soluciones concretas. “Las familias no pueden seguir esperando mientras sus ingresos pierden capacidad y las deudas se acumulan.
El Congreso tiene que discutir herramientas que permitan llevar alivio y evitar que una situación económica difícil termine en un embargo, la pérdida de bienes o la ruptura del patrimonio familiar”, sostuvo.
Entre los proyectos en discusión se encuentra el presentado por Bordet, que propone declarar la emergencia financiera de las familias argentinas y suspender durante 180 días las ejecuciones judiciales, extrajudiciales, administrativas y fiscales de determinadas deudas, además de medidas cautelares como embargos e inhibiciones. La iniciativa está dirigida a personas físicas cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y a monotributistas hasta la categoría G.
El objetivo es generar un período excepcional que permita reordenar las obligaciones y evitar que el sobreendeudamiento derive en la pérdida del patrimonio familiar. “No estamos planteando desconocer los derechos de los acreedores. Estamos planteando una herramienta excepcional para que las familias puedan ordenar sus deudas y evitar que una dificultad económica se transforme en una situación irreversible”, explicó Bordet.
Para el ex gobernador, el endeudamiento de los hogares es consecuencia de una realidad económica que no puede ser ignorada: ingresos que pierden poder adquisitivo, crédito cada vez más costoso y familias que deben recurrir a préstamos y tarjetas para afrontar gastos cotidianos. “La política tiene que estar donde están los problemas de la gente.
Si millones de familias están endeudadas para llegar a fin de mes, el Congreso tiene la responsabilidad de discutir soluciones y no buscar excusas para postergar el debate”, afirmó. Y agregó: “La judicialización masiva de las deudas tampoco es una salida. Puede profundizar la exclusión económica, poner en riesgo el patrimonio de las familias y afectar todavía más el consumo y la actividad productiva. Por eso necesitamos discutir respuestas ahora”.