La Libertad Avanza buscará conseguir dictamen el próximo martes 17 de noviembre. El Gobierno aceptó modificaciones reclamadas por el PRO y otros bloques dialoguistas.
La Libertad Avanza acordó con sus aliados parlamentarios el cronograma para avanzar con el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. El oficialismo buscará conseguir dictamen el próximo martes 17 de noviembre y debatir la iniciativa en el recinto el miércoles 25, luego de aceptar varios de los cambios reclamados por el PRO y otros bloques dialoguistas.
Sin embargo, la reunión también estuvo atravesada por las diferencias sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno pretende sancionar la próxima semana.
El encuentro se desarrolló en las oficinas de la Presidencia de Diputados y estuvo encabezado por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, junto a Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.
Martín Menem no participó de manera presencial porque se encontraba en Corrientes junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De todos modos, siguió las conversaciones por teléfono y le confirmó al titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, que el oficialismo aceptaba varias de las propuestas presentadas por su espacio.
Por los bloques dialoguistas participaron Ritondo y Javier Sánchez Wrba, del PRO; Pamela Verasay, de la UCR; Karina Maureira, de Neuquén; Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; y Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires.
La principal definición del encuentro fue el acuerdo para avanzar con el proyecto de Presupuesto 2027, cuya discusión se había demorado por los pedidos de modificaciones de los aliados. El oficialismo fijó el martes 17 de noviembre como fecha para conseguir dictamen en comisión y el miércoles 25 para llevar la iniciativa al recinto de la Cámara baja.
La negociación incluyó reclamos sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, beneficios impositivos para la industria automotriz y autopartista, financiamiento universitario y partidas para las personas con discapacidad.
Desde el PRO confirmaron que el Gobierno aceptó varios puntos vinculados con los recursos que reclama la administración porteña de Jorge Macri y con la continuidad de los regímenes de promoción industrial impulsados por el expresidente Mauricio Macri.
“Incorporamos en el Presupuesto 2027 la prórroga de las leyes de autopartismo 27.263 y 27.686, una propuesta del bloque PRO. Esto es beneficioso porque las empresas que fabrican autopartes en el país van a poder sumarse a los beneficios hasta 2032, con devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar lo que producen”, señalaron desde la bancada amarilla.
Por su parte, el presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, reclamó mayores partidas para Ciencia y Técnica, las universidades nacionales y las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El legislador misionero integra un espacio vinculado con los gobernadores Hugo Passalacqua, de Misiones, y Gustavo Sáenz, de Salta.
Los aliados pidieron eliminar un capítulo de la Ley de Soberanía Nacional
Aunque la reunión había sido convocada para negociar el Presupuesto, buena parte de las conversaciones se concentró en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría y el oficialismo consiguió incorporarla al temario de la sesión prevista para el próximo miércoles 18 de noviembre, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Sin embargo, los bloques dialoguistas reclamaron modificaciones al texto antes de acompañarlo en el recinto. La diputada Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, pidió directamente eliminar el capítulo séptimo, denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones”, que introduce cambios en los códigos Electoral y Penal de la Nación.
“Es un capítulo que penaliza la expresión”, advirtió Banfi a la salida del encuentro. Desde La Libertad Avanza propusieron introducir modificaciones, pero rechazaron eliminar por completo ese apartado.
Los cambios vinculados con la legislación electoral requieren una mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, es decir, 129 votos afirmativos.
La discusión por la figura penal de injerencia extranjera
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto de Soberanía Nacional está relacionado con la regulación de las acciones de injerencia extranjera. El texto modifica la figura originalmente vinculada con las “campañas coordinadas de desinformación masiva” y la reemplaza por la de “campaña de injerencia extranjera”.
La nueva redacción contempla actuaciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que oculten un vínculo con un agente extranjero.
Además, exige que exista conocimiento de esa relación y excluye expresamente la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses. Pese a las modificaciones, se mantiene una pena general de cinco a 12 años de prisión.
Entre las principales objeciones de los sectores dialoguistas figuran la precisión de la figura penal, su posible impacto sobre la libertad de expresión y las dificultades para acreditar la intención de los involucrados y su relación con agentes extranjeros.
Las sanciones por la explotación de recursos en Malvinas
Otro de los ejes centrales del proyecto es la creación de un régimen de sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
La iniciativa contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas actividades vinculadas con la explotación de esos recursos.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
El texto incorpora, además, modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.
Aunque el proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría, el oficialismo deberá resolver las diferencias con los aliados antes de intentar su aprobación en la sesión del 18 de noviembre.
El financiamiento de Discapacidad condiciona el apoyo al Presupuesto
Otro de los puntos centrales de la negociación fue la garantía de fondos para las personas con discapacidad. Los diputados del MID y del PRO le advirtieron a Gabriel Bornoroni que, si el Presupuesto 2027 no contempla los recursos necesarios para sostener las prestaciones, “no acompañaran el Presupuesto”.
El reclamo está vinculado con la nueva ley de Discapacidad, que ya obtuvo media sanción de Diputados y consiguió dictamen en el Senado. La iniciativa establece un esquema permanente de financiamiento, incorpora mecanismos de control y fija un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores del sistema.
En medio de las negociaciones, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anticipó que la Cámara alta está en condiciones de avanzar con su tratamiento.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, manifestó este jueves.
Qué establece la nueva ley de Discapacidad
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento.
Entre sus principales disposiciones ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal. También permite que esa prestación mensual se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad. La iniciativa garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora las partidas presupuestarias necesarias para sostener su funcionamiento.
La posibilidad de avanzar con la sanción definitiva de esta ley aparece como un elemento central de las negociaciones por el Presupuesto 2027, ya que los aliados reclaman que sus disposiciones tengan respaldo financiero en las cuentas públicas del próximo año.
Con el cronograma acordado, La Libertad Avanza buscará resolver primero las diferencias sobre Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma del Banco Central, previstas para la sesión del 18 de noviembre. Una semana después, el 25, intentará aprobar el Presupuesto 2027, siempre que consiga las firmas necesarias para emitir dictamen y sostener el acuerdo con los bloques dialoguistas.