A una semana de su detención, el recluso Sergio Daniel Urribarri transita el inicio de su condena por corrupción en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Aislados en un pabellón para adultos mayores, entre llamados monitoreados y visitas vespertinas, la nueva realidad del exmandatario se acomoda al estricto régimen penitenciario. El contraste no podría ser más drástico.
Quien durante ocho años ostentó el máximo poder político en Entre Ríos hoy atraviesa sus primeras jornadas de encierro bajo la mirada vigilante del Servicio Penitenciario Provincial. Sergio Urribarri ya cumplió sus primeros siete días detenido en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, la granja penal conocida como «El Potrero», donde ingresó tras quedar firme su condena por delitos contra la administración pública. El desembarco en el penal no lo hizo en soledad.
Lo acompañan su cuñado Juan Pablo Aguilera y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, todos trasladados en el mismo procedimiento. Según detalló el medio Vía Gualeguaychú, el trío cumple un esquema inicial de observación en un pabellón destinado a adultos mayores, sector que cuenta con sus 20 celdas completamente ocupadas y donde la convivencia con el resto de la población carcelaria transcurre sin alteración alguna.
Los detalles de la cotidianeidad puertas adentro revelan un despojo absoluto de los antiguos privilegios políticos. Los tres condenados arribaron al establecimiento únicamente con la indumentaria que llevaban puesta al momento del arresto. Desde entonces, reciben el menú provisto por el penal y se someten a los controles de rutina, habiendo superado los chequeos médicos de ingreso sin registrar complicaciones de salud. Las comunicaciones y los lazos afectivos también quedaron ajustados a la normativa carcelaria.
Las visitas se concentran en horario vespertino, contemplando cierta flexibilidad horaria para aquellos allegados que deben trasladarse desde otras localidades. En cuanto al contacto telefónico con familiares directos, se realiza mediante un dispositivo provisto por la propia unidad penal, bajo la supervisión directa de un funcionario penitenciario que monitorea cada llamada.
La llegada a «El Potrero» marca el capítulo final de un extenso proceso judicial que concluyó cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los últimos recursos de la defensa. Cabe recordar que Urribarri debe cumplir una pena de ocho años de prisión efectiva, mientras que Báez y Aguilera enfrentan condenas de seis años y seis meses. Finalizada la etapa de adaptación, será el régimen progresivo de la pena el que determine los pasos a seguir para el condenado Urribarri dentro del sistema carcelario.