Claves
- Advirtió sobre ciberseguridad, almacenamiento y control de datos, contrataciones tecnológicas y ausencia de un organismo independiente de fiscalización.
- El justicialismo presentó un dictamen propio.
- “No es viable un gobierno digital sólido sin regular la infraestructura, la soberanía de datos y la ciberseguridad”, afirmó Stratta.
La presidenta del bloque Más Para Entre Ríos cuestionó aspectos centrales del proyecto de Transformación e Innovación Digital impulsado por el Ejecutivo provincial, que este miércoles obtuvo media sanción en Diputados. Advirtió sobre ciberseguridad, almacenamiento y control de datos, contrataciones tecnológicas y ausencia de un organismo independiente de fiscalización. El justicialismo presentó un dictamen propio.
La diputada provincial Laura Stratta puso en el centro del debate una pregunta que trasciende la digitalización de trámites: quién tendrá efectivamente el control de los datos de los entrerrianos una vez que el Estado avance en su transformación tecnológica.
Durante el tratamiento legislativo del proyecto de Transformación e Innovación Digital impulsado por el Poder Ejecutivo, la presidenta del bloque Más Para Entre Ríos sostuvo que modernizar el Estado es necesario, pero consideró que el texto oficial no establece garantías suficientes en aspectos que juzgó esenciales. “No es viable un gobierno digital sólido sin regular la infraestructura, la soberanía de datos y la ciberseguridad”, afirmó Stratta.
La legisladora planteó que la tecnología ya no constituye un elemento accesorio dentro de la administración pública, sino que sostiene servicios sensibles vinculados con salud, seguridad, gestión tributaria y la relación cotidiana entre los ciudadanos y el Estado. En ese contexto lanzó una de sus críticas más fuertes: frente al crecimiento de los ataques informáticos contra organismos gubernamentales, consideró que ignorar la ciberseguridad y la protección de datos constituye una “irresponsabilidad institucional”.
La advertencia sobre quién controla los datos Uno de los puntos sobre los que Stratta hizo especial hincapié fue la denominada soberanía tecnológica. Según explicó, no alcanza con establecer que los datos pertenecen al Estado si la ley no determina también dónde se almacenarán, bajo qué jurisdicción permanecerán, quién administrará la infraestructura tecnológica y de qué manera la Provincia podrá recuperar toda su información cuando finalice un contrato con una empresa.
“La omisión del concepto de soberanía tecnológica en el texto del proyecto representa un retroceso que profundiza la vulnerabilidad”, sostuvo. Y agregó que Entre Ríos debería garantizar por ley “la potestad absoluta sobre su propia matriz informática”, porque de lo contrario —según su interpretación— podría terminar “tercerizando su soberanía administrativa al mejor postor tecnológico”. La diputada señaló particularmente lo que considera una contradicción entre los artículos 41 y 48 del proyecto.
Explicó que mientras el artículo 41 establece que las bases de datos constituyen activos bajo titularidad, custodia y gestión estatal, el artículo 48 contempla mecanismos de contratación de software, licencias y servicios tecnológicos. Para Stratta, allí aparece el problema: sostuvo que ser propietario de los datos no necesariamente garantiza tener su control material y tecnológico si estos terminan alojados o administrados mediante servicios de empresas privadas.
“Mientras el artículo 41 dice que los datos son del Estado, el artículo 48 habilita el mecanismo por el cual esos datos pueden terminar administrados, de hecho, por un proveedor privado extranjero”, planteó.
La legisladora cuestionó además que no se establezcan expresamente condiciones sobre localización de los datos, estándares abiertos obligatorios y mecanismos que garanticen la recuperación integral de la información provincial al finalizar una contratación y agrego que modernizar no significa solamente eliminar el papel. Reclamó preservar la soberanía tecnológica, la ciberseguridad y el dominio estatal de los datos. El debate continuará ahora en el Senado.
El justicialismo presentó un dictamen alternativo Más para Entre Ríos impulsó un dictamen de minoría al considerar que el proyecto oficial deja vacíos sobre contratación tecnológica, protección de datos biométricos, controles y portabilidad de la información estatal. El oficialismo defendió la modernización El Ejecutivo consiguió la media sanción de una iniciativa que incorpora trámites, firmas y domicilios digitales, además de nuevas herramientas de gestión y un régimen especial para contratar tecnología.
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