Comenzó este lunes en Rosario el juicio oral contra representantes del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, acusados de haber participado en el bloqueo de 90 días que paralizó en 2020 a la empresa Razzini, dedicada a la distribución de materiales de construcción.
El expediente estuvo cerca de prescribir y puede derivar en penas de dos a seis años de prisión por desbaratamiento de empresa, aunque el principal acusado ya murió.
Tal como anticipó Infobae, la primera testigo fue la diputada libertaria Verónica Razzini, que entonces era una de las dueñas de la firma. Su declaración se extendió durante cinco horas y estuvo respaldada por fotos y videos registrados durante los hechos de hace seis años.
Por esa extensión, recién después pudo declarar la coordinadora operativa de la empresa. El resto de los testigos previstos para la primera audiencia pasó para este martes: entre ellos, un hermano de la diputada, que también fue amenazado; su ex esposo, a quien le advirtieron que lo iban a matar y que sabían dónde estaban sus hijos; y la escribana que constató que se impedía el ingreso a la compañía.
El juicio se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario ante el tribunal integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre. En principio, seguirá hasta el jueves próximo, cuando están previstos los alegatos finales.
Los imputados son Marcelo Ortiz, Víctor Manuel Kamiñsky, Gustavo Coronel y Damián Beiber, aunque el primero ya había fallecido, según se constató recién el viernes pasado a pedido del fiscal Germán Mazzoni.
Razzini, que después de esa experiencia creó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), detalló lo que vivió junto a sus hermanos y el resto de la familia cuando el 8 de junio de 2020 empezó el bloqueo impulsado por el sindicato liderado por Sergio Aladio, opositor de Hugo Moyano. El reclamo era que 18 de los 100 empleados se afiliaran al gremio, pese a que la actividad de la empresa no estaba vinculada al transporte de cargas y, según la normativa vigente, correspondía al Sindicato de Comercio y a la UOCRA.
El conflicto arrancó sin aviso previo. Un grupo de unas 150 personas cortó la avenida donde funciona la empresa, acampó en los accesos e impidió la entrada y salida de vehículos en plena pandemia de COVID-19.
La protesta fue escalando desde la paralización de la actividad hasta las amenazas contra proveedores, empleados y miembros de la familia Razzini. “Unos 10 empleados salieron a la puerta, dijeron que no trabajaban más y en ese momento buscamos escribano, tratamos de hacer certificaciones notariales de la situación, y automáticamente todo se transformó en una guerra”, afirmó Razzini a Infobae.
Según la empresaria, los manifestantes exhibieron armas de fuego, interceptaron su auto y advirtieron que conocían la ubicación de sus hijos. También recibió amenazas de que irían a la casa de su padre, que tenía problemas de salud, para provocarle un infarto.
La situación la obligó a abandonar su casa, a cinco cuadras de la empresa, y a contratar adicionales y móviles de la Guardia de Infantería para proteger al personal y las instalaciones.
Como los accesos estaban cerrados por el bloqueo, hubo enfrentamientos entre clientes y proveedores con quienes sostenían la protesta. Razzini recordó que en una de esas peleas un activista sindical sacó un cuchillo, lo que llevó a la familia a evaluar el cierre y la liquidación de la compañía.
La empresa hizo la denuncia penal el 12 de junio ante la Fiscalía, después de que el Ministerio de Trabajo provincial se declarara incompetente, archivara el reclamo y recomendara avanzar por la vía penal. Razzini cuestionó además que las autoridades laborales luego intentaran imponer una conciliación obligatoria mientras seguían el bloqueo y las amenazas.
“¿Cómo voy a conciliar con 20 personas que me están amenazando y van a prender fuego la empresa?”, planteó la empresaria, que sostuvo que permanecieron cinco horas en una oficina bajo presión para firmar el acuerdo. Tras contactar al fiscal de flagrancia, fueron detenidos 10 empleados y 3 delegados que participaban del bloqueo.
La orden judicial, según Razzini, contemplaba la detención de 21 personas, aunque fueron arrestadas 13. La actual diputada afirmó entonces que los responsables “negociaron con la comisaría” para que no se concretaran todas las detenciones previstas.
Más allá de los arrestos, los problemas no terminaron para los Razzini: en julio de 2022, la fachada de la empresa recibió tres disparos y dejaron en la puerta un mensaje intimidatorio: “Retirá la denuncia porque no abrí (sic) nunca más. Att. Camioneros”.
La causa por el bloqueo, pese al avance inicial, quedó trabada en la Justicia durante años y estuvo cerca de prescribir hasta que hace poco, por impulso del fiscal Germán Mazzoni, pudo reactivarse y llegar finalmente al juicio oral que comenzó este lunes.