El juez de San Lorenzo Eugenio Romanini ordenó medidas “urgentes” a la ex firma Ar Zinc S.A., perteneciente a la multinacional Glencore, ante el riesgo ambiental detectado en el predio de la antigua planta industrial ubicada en Fray Luis Beltrán, Santa Fe, a pocos metros del río Paraná. La fábrica cerró en 2016 y en el terreno permanecieron residuos tóxicos derivados del procesamiento de metales pesados. La resolución fue adoptada este viernes a pedido del fiscal Maximiliano Nicosia.
Entre las principales disposiciones, la Justicia ordenó iniciar inmediatamente las tareas necesarias para estabilizar y apuntalar la barranca lindera al Paraná, además de ejecutar acciones para tratar, contener y evitar la dispersión de los residuos existentes. Según lo expuesto durante la audiencia, el deterioro de la barranca generó preocupación por la posibilidad de un derrumbe.
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) señalaron que, ante esa eventualidad, los residuos podrían alcanzar directamente las aguas del río Paraná. La empresa tendrá un plazo de 10 días para informar el plan de acción elegido, que podrá contemplar la remoción de los residuos o su tratamiento y contención. Además, dentro de los 15 días deberá presentar la documentación técnica detallada de las obras, identificar al equipo profesional encargado de ejecutarlas y establecer un cronograma de trabajos.
De acuerdo con la resolución judicial, la intervención completa no podrá extenderse durante más de ocho meses. También se estableció la presentación de informes quincenales sobre el avance de las tareas. Los trabajos serán supervisados periódicamente por la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Durante la presentación judicial, la Fiscalía fundamentó el pedido en el “peligro y riesgo ambiental” que, según sostuvo, afecta directamente a la región.
El fiscal solicitó específicamente el apuntalamiento de la barranca ante el peligro de derrumbe, el cerramiento del predio para impedir el ingreso de personas y la remediación del pasivo ambiental existente en el suelo. Desde el MPA indicaron además que la situación podría agravarse frente a períodos de mayor caudal del Paraná. Según plantearon, un eventual derrumbe de la barranca podría generar la contaminación directa de las aguas del río.
La preocupación también estuvo centrada en el material acumulado en el predio. El fiscal señaló la existencia de toneladas de residuos tóxicos derivados del procesamiento de metales pesados, entre ellos jarosita. Las denuncias vinculadas con la contaminación del lugar se remontaron varios años atrás. Incluso existía una resolución judicial previa relacionada con la necesidad de intervenir la barranca.
En 2022, un Juzgado Civil había dispuesto la realización de obras de apuntalamiento en el marco de un expediente iniciado en 2020. Según sostuvo la Fiscalía, esa orden no había sido cumplida por la empresa. Ar Zinc, históricamente conocida en la región como Sulfacid, fue fundada en la década de 1950 y llegó a convertirse en la única fábrica de zinc electrolítico de Argentina y la segunda de Latinoamérica. La compañía pasó a formar parte de Glencore en 2005 y finalmente cerró sus puertas en 2016.
El cierre dejó sin trabajo a alrededor de 400 empleados. La antigua planta ocupa unas 50 hectáreas y, de acuerdo con la investigación, parte de los residuos correspondientes a décadas de actividad industrial permanecieron en el terreno. Con la nueva resolución, la Justicia estableció plazos concretos para intervenir el sector costero, contener los residuos y avanzar con la remediación del pasivo ambiental, bajo seguimiento de organismos judiciales y ambientales. Fuente: El Tres y Rosario3.
