Ante la Asamblea General, el Presidente acusó al organismo de ignorar sus propias resoluciones, rechazó el avance petrolero británico en el proyecto Sea Lion y aseguró que el país aplicará medidas concretas para defender su soberanía. “Malvinas es para nosotros una causa nacional”, afirmó el mandatario.
A partir de esa definición, presentó el conflicto como una demostración de la distancia que existe entre las declaraciones de las instituciones internacionales y su capacidad para hacerlas cumplir.Milei sostuvo que la controversia excede la relación bilateral entre la Argentina y el Reino Unido, debido a que también pone en discusión la autoridad de las Naciones Unidas frente al incumplimiento de sus propios pronunciamientos.“Durante demasiado tiempo los gobiernos argentinos optaron por una defensa discursiva.
Nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva”, expresó. Un nuevo llamado al Reino UnidoEl Presidente instó al Gobierno británico a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía y propuso abrir una instancia específica de diálogo sobre la explotación de los recursos naturales en los espacios marítimos reclamados por la Argentina.Sin embargo, dejó en claro que el país no aguardará indefinidamente una intervención internacional.
“La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato; va a tomar cartas en el asunto”, advirtió.El mensaje combinó el reclamo diplomático tradicional con una postura más activa frente a las empresas involucradas en actividades petroleras en la zona en disputa. La resolución que Milei mencionó ante la AsambleaDurante su exposición, Milei se refirió a la Resolución 31/49, aprobada por la Asamblea General en 1976.
El dato resulta relevante porque en algunas transcripciones apareció erróneamente como “3149”.La resolución reclama que la Argentina y el Reino Unido se abstengan de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución definitiva sobre las islas y sus espacios marítimos.“Cincuenta años después, la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan”, señaló el mandatario al cuestionar el avance de proyectos económicos autorizados por el Reino Unido.
El proyecto petrolero Sea LionMilei concentró sus críticas en Sea Lion, el proyecto destinado a la extracción de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Según remarcó, las tareas avanzan mediante licencias británicas que la Argentina considera ilegales e ilegítimas.El Presidente afirmó que cualquier actividad realizada sin autorización argentina constituye un acto ilícito tanto desde el derecho nacional como desde la interpretación que sostiene el país sobre el derecho internacional.“¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?”, preguntó.Luego sostuvo que una institución pierde autoridad cuando sus decisiones no producen consecuencias: “Quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo, mientras que quienes incumplen no reciben la menor represalia”.
Del reclamo diplomático a las sancionesLa novedad de la exposición estuvo en la intención de presentar una política con consecuencias económicas y jurídicas.
Milei mencionó las notas de protesta, las acciones legales y las sanciones aplicadas contra empresas y proveedores que participan en actividades no autorizadas por la Argentina.También recordó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, destinado a reforzar las herramientas disponibles contra quienes intervengan en la exploración y explotación de recursos dentro del área reclamada.El mandatario dirigió además un mensaje al sector energético internacional: invitó a invertir en Vaca Muerta, pero advirtió que el ofrecimiento no alcanza a empresas que operen bajo licencias británicas en Malvinas.La postura planteada ante la ONU busca sostener dos caminos simultáneos: mantener abierta la negociación pacífica con el Reino Unido y aumentar el costo legal y económico para quienes participen de la explotación de recursos naturales en la zona de soberanía disputada.
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