El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso formalmente la designación del juez federal Daniel Rafecas en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, según indicaron fuentes al tanto de la iniciativa. Si avanza, el movimiento abrirá una nueva vacante en Comodoro Py y le dará al Gobierno margen para reordenar un fuero donde se concentran las causas más sensibles de corrupción y poder político.
La propuesta es apenas el primer paso: todavía falta que el presidente Javier Milei la apruebe y envíe el pliego al Senado para su tratamiento.
La jugada llega en paralelo al nuevo envío de pliegos judiciales a la Cámara alta —el Gobierno remitió más de 17 postulaciones el jueves— y mientras Rafecas está transitoriamente al frente de uno de los juzgados más delicados de Comodoro Py, donde tramita la causa por la criptomoneda $LIBRA, que involucra al Presidente.
Si deja ese lugar, los juzgados vacantes del fuero pasarían a ser cinco sobre un total de doce, lo que forzaría el esquema de subrogancias vigente y obligaría a redistribuir causas de alto voltaje institucional, consignó La Nación.
Rafecas es titular del Juzgado Federal 3, pero también subroga el 6, vacante desde la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral en 2020. Por estas horas, además, está al frente del 8, donde tramita la causa por la criptomoneda, y cuyo titular, Marcelo Martínez de Giorgi, está de licencia.
Su eventual salida obligaría a reorganizar esas suplencias y a mover expedientes sensibles. Entre ellos figuran la investigación por la voladura de la AMIA —recientemente procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar—, la causa por enriquecimiento ilícito del diputado provincial Francisco Adorni y el expediente por presunta violencia de género del expresidente Alberto Fernández contra Fabiola Yañez, que sigue en instrucción.
Al Juzgado Federal 3 también podría volver uno de los casos más incómodos para la Asociación del Fútbol Argentino: la investigación sobre la quinta de Villa Rosa, en Pilar, que está a nombre de un monotributista y una jubilada pero que pertenecería al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Rafecas fue quien le dio al expediente su primer impulso cuando ordenó allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban contra Toviggino, como un bolso y una placa homenaje con su nombre, resaltó La Nación.
Después, por pedido de los investigados, la causa pasó a la Justicia federal de Campana. En ese recorrido, el fiscal de Casación Mario Villar pidió a la Corte Suprema que revise esa decisión y que el expediente regrese al juzgado que podría quedar vacante.
Para el juez, el movimiento sería un ascenso. Concursó para ese cargo en 2018, cuando ya llevaba 14 años en Comodoro Py. Terminó primero en el concurso, pero su pliego quedó trabado durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández y nunca llegó al Senado.
Rafecas también fue la opción de Fernández para la Procuración, pero tampoco consiguió ese puesto por la fuerte resistencia que generó en el sector más cercano a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.
Hoy, tras más de dos décadas en Comodoro Py, el juez considera que es momento de dejar el juzgado, aseguran quienes lo tratan.
Reforma judicial
El eventual ascenso se produciría en medio de los planes del Gobierno de reformar Comodoro Py y reducir a ocho la cantidad de juzgados federales de primera instancia.
Si ese proyecto avanzara —debería pasar por el Congreso— las decisiones judiciales quedarían más concentradas en los jueces titulares de Retiro. Aun así, sin Rafecas, seguiría siendo necesario nombrar a un nuevo magistrado.
Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno buscó imprimir su propia marca en los tribunales federales porteños. Por ahora, el movimiento más fuerte fue la renovación de la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las decisiones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py, publicó La Nación.
Allí, el oficialismo logró el nombramiento de dos camaristas: Pablo Yadarola, que era juez del fuero Penal Económico, y Pablo Bertuzzi, que ya integraba la Cámara pero había llegado por traslado y no estaba firme en el cargo.
