La Justicia desestimó el reclamo de Cristina Maccio, quien se había designado gerente de Legales y reconocido 40 años de antigüedad profesional.
La Justicia rechazó la demanda presentada por Cristina Beatriz Maccio, expresidenta de la Compañía Entrerriana de Gas (CEGSA), quien reclamaba beneficios salariales derivados de su designación como gerente de Legales y del reconocimiento de una antigüedad profesional de 40 años. La sentencia, dictada el 3 de noviembre de 2026, impuso las costas del proceso a la demandante.
La controversia se originó cuando la actual administración provincial revisó las condiciones laborales y remunerativas de la exfuncionaria, quien había ejercido simultáneamente la presidencia de la empresa y la Gerencia de Legales. Durante su gestión, Maccio se había reconocido un adicional por antigüedad calculado desde su matriculación como abogada, en lugar de considerar exclusivamente los años de servicio prestados en la compañía.
Tras los cuestionamientos formulados por las nuevas autoridades, la exdirectiva comenzó a solicitar licencias y posteriormente se consideró despedida. Esa situación derivó en una demanda laboral contra CEGSA, que finalmente fue desestimada en primera instancia.
En su resolución, el juzgado consideró inválida la contratación laboral de Maccio al entender que existía un conflicto de intereses entre sus funciones como presidenta de la compañía y su incorporación como empleada.
Según los fundamentos de la sentencia, la exfuncionaria no podía intervenir en una decisión que la beneficiaba directamente, dado que actuaba simultáneamente como representante de la empresa empleadora y como destinataria de la contratación.
El tribunal sostuvo que Maccio debió abstenerse de participar en su propia designación, debido a la existencia de intereses contrapuestos entre su situación personal y las responsabilidades que tenía como autoridad de la sociedad.
La resolución también analizó el reconocimiento del adicional por antigüedad profesional, que había sido tratado durante una asamblea extraordinaria de accionistas realizada en marzo de 2023.
De acuerdo con el fallo, el beneficio fue incorporado de manera confusa e indirecta, sin que existiera una aprobación expresa de la contratación laboral ni del régimen remunerativo que pretendía aplicarse.
Por esos motivos, el juzgado rechazó la demanda y dispuso que las costas judiciales fueran afrontadas por la exdirectiva.
El conflicto se produjo en medio de una revisión de la situación administrativa y financiera de CEGSA impulsada por la actual gestión provincial.
Según los antecedentes relevados por las nuevas autoridades y la información proporcionada por la representación legal de la empresa, la compañía atravesaba dificultades económicas y operativas cuando se analizaron las remuneraciones de sus directivos.
Entre los problemas identificados figuraban la ausencia de una tarifa que permitiera facturar el transporte de gas, la paralización de obras y la existencia de deudas con Transportadora de Gas del Norte (TGN), vinculadas con la operación y el mantenimiento del gasoducto.
La administración provincial también cuestionó que, mientras la compañía carecía de ingresos por transporte y mantenía compromisos financieros pendientes, sus autoridades percibieran remuneraciones elevadas, adicionales salariales y pagos derivados de la acumulación de cargos.
En ese contexto, el caso de Maccio fue presentado por la actual conducción como uno de los ejemplos de las irregularidades administrativas que buscaba revisar.
Desde el inicio del conflicto, CEGSA rechazó la pretensión laboral de la expresidenta. La postura de la compañía también contó con un dictamen de la Fiscalía de Estado contrario a la procedencia del reclamo.
Posteriormente, la asamblea de accionistas estableció que la antigüedad reconocida al personal debía calcularse sobre la base de los servicios efectivamente prestados dentro de la empresa.
Esa decisión modificó el criterio que había permitido a Maccio computar cuatro décadas de ejercicio profesional para determinar un adicional salarial.
Por otra parte, la representación legal de CEGSA informó que, en una actuación independiente de esta demanda, se detectó que la exdirectiva no había declarado su condición de jubilada y había percibido importes vinculados con aportes previsionales que, según la empresa, no le correspondían.
De acuerdo con esa información, la Caja de Jubilaciones inició la recuperación de esos montos mediante descuentos sobre sus haberes.
La resolución judicial constituye un fallo de primera instancia y todavía no adquirió firmeza, por lo que podría ser revisada mediante los recursos procesales correspondientes.
No obstante, desde la actual administración provincial destacaron que el pronunciamiento coincide con los cuestionamientos formulados a la contratación y al reconocimiento de beneficios salariales durante la gestión anterior.
Para el gobierno de Rogelio Frigerio, el caso refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre las empresas con participación estatal y garantizar que las decisiones administrativas respondan a los intereses de las instituciones.
La postura oficial sostiene que los recursos de estas compañías deben destinarse prioritariamente a la prestación de servicios, el mantenimiento de la infraestructura y la ejecución de obras.
En ese sentido, la administración provincial considera que la sentencia respalda su decisión de revisar las contrataciones y los regímenes remunerativos establecidos anteriormente, aunque el conflicto judicial continuará abierto hasta que exista una resolución definitiva.
