El Gobierno nacional creó el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que tendrá a su cargo la coordinación de las actividades correspondientes al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación de la Ley 27.801. La medida fue formalizada mediante la Resolución 484/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La disposición estableció que el programa funcionará dentro de la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia. Según determinó la resolución, el nuevo organismo actuará como “instrumento marco” para coordinar la implementación del Régimen Penal Juvenil en el ámbito de la competencia nacional ordinaria y federal.
Entre sus objetivos se estableció la implementación integral del régimen, el desarrollo de intervenciones orientadas a reducir la reincidencia, la protección de las víctimas y la formación especializada de quienes intervengan en el sistema de justicia penal juvenil. También tendrá que promover la coordinación entre organismos nacionales y las distintas jurisdicciones y desarrollar un sistema para reunir y sistematizar información estadística e institucional.
Otro de sus objetivos será administrar y supervisar el funcionamiento del cuerpo de supervisores del Régimen Penal Juvenil, además de establecer criterios homogéneos para sus intervenciones. La resolución precisó que el programa trabajará inicialmente sobre tres líneas principales: gestión del cuerpo de supervisores, atención y protección integral de las víctimas y capacitación especializada de los operadores del sistema.
El Ministerio de Justicia también aprobó mediante la misma resolución el Reglamento del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil y el Manual del Supervisor Juvenil. El programa deberá impulsar los procedimientos para la convocatoria pública, inscripción, evaluación, selección y capacitación de esos profesionales. También tendrá intervención en la disponibilidad, evaluación de desempeño, suplencia, suspensión y baja de los supervisores, así como en su régimen de honorarios.
La resolución recordó que, de acuerdo con la legislación que reglamenta, los supervisores tendrán entre sus responsabilidades realizar el seguimiento de los adolescentes durante el proceso y su detención, mantener entrevistas periódicas y elaborar informes sobre su evolución. Además, deberán trabajar de manera articulada con los demás profesionales que intervengan en cada caso.
Otro de los ejes establecidos será la atención de las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el Régimen Penal Juvenil. Para ello, el programa deberá coordinar acciones con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia destinadas a fortalecer la asistencia, orientación y atención integral de las víctimas.
La resolución contempla además mecanismos de derivación y coordinación institucional para facilitar el acceso a los servicios disponibles y al patrocinio jurídico gratuito en aquellos procesos penales que, por su complejidad, lo requieran. Junto con la creación del programa, el Ministerio aprobó las Normas sobre Asistencia Integral a las Víctimas, incorporadas como uno de los anexos de la resolución.
El programa también desarrollará actividades de capacitación y actualización profesional destinadas a magistrados, funcionarios y otros operadores del sistema de justicia penal juvenil que trabajen dentro de la justicia nacional ordinaria y federal. Además, brindará apoyo técnico y operativo al Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, articulando acciones con las áreas nacionales competentes en seguridad, protección de niños y adolescentes, salud, educación y trabajo.
En cuanto a las provincias, la resolución dispuso que el programa dará asistencia técnica y operativa a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. A través de ese ámbito se promoverá la celebración de convenios de colaboración entre Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para armonizar criterios técnicos y procesales, intercambiar información y buenas prácticas y formular recomendaciones no vinculantes.
La resolución también dispuso que el programa coordine con la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia los aspectos operativos de una sección especial para los adolescentes alcanzados por la Ley 27.801. El texto establece que deberán implementarse protocolos de acceso autorizado y mecanismos de protección de la información para garantizar el principio de confidencialidad previsto por la legislación.
A su vez, se desarrollarán mecanismos permanentes de seguimiento, monitoreo y evaluación destinados a medir los resultados de las intervenciones y producir información estadística sobre el funcionamiento institucional, cumplimiento de medidas y reincidencia. La coordinación del nuevo programa quedó asignada, con carácter “ad honorem”, a Débora Eliana Di Girolamo. La Resolución 484/2026 entrará en vigencia este sábado 26 de septiembre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial.
