La Cámara de Casación de Paraná apartó al abogado Carlos Guillermo Reggiardo de la defensa del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, lo multó y ordenó denunciarlo ante el Colegio de la Abogacía. La decisión apunta al corazón de una causa que lleva diez años sin juicio oral por una cadena de recusaciones que, según el tribunal, terminó perjudicando a los propios imputados.
La resolución N° 246, firmada por los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel, rechazó dos quejas y una nueva tanda de recusaciones presentadas por Reggiardo, y consideró que su actuación era “manifiestamente perjudicial” para la defensa. Además, le impuso una multa equivalente a la décima parte del sueldo de un juez de Primera Instancia y le cargó las costas.
El artículo 122 del Código Procesal Penal de Entre Ríos prevé que, si la defensa técnica daña de manera evidente los intereses del imputado, el tribunal puede apartarla y pedir que el acusado designe otro abogado de confianza. Para la Casación, eso fue lo que ocurrió en este expediente: una catarata de planteos que impidió avanzar hacia un pronunciamiento en un plazo razonable.
El juicio oral por los presuntos sobreprecios en la obra de 20 cuadras de pavimento en Santa Elena fue fijado para 2025, pero no llegó a realizarse. Según la resolución, cada vez que la Justicia lograba conformar un tribunal, aparecía un nuevo escrito de recusación contra jueces, fiscales o vocales que debían revisar esos planteos.
Reggiardo es el abogado de Rossi en el municipio de Santa Elena y también asesor legislativo de la senadora provincial Patricia Gómez de Rossi. En la causa, además, intervienen otros defensores designados: Claudio García y César Jaime.
La Cámara entendió que la estrategia procesal no solo demoró el expediente, sino que bloqueó la posibilidad de llegar al debate en una causa “que lleva más de seis años de trámite, sin poder aún llegar a la instancia del plenario”.
En 2014, durante su cuarto mandato al frente del municipio, Rossi contrató a L&C Construcciones S.A., del empresario Néstor Juan Szczech, para pavimentar 20 cuadras con fondos del programa nacional Más Cerca. Dos años después, su sucesor y concuñado, Silvio Moreyra, denunció que la obra se había pagado con sobreprecios.
Según la acusación fiscal, el municipio desembolsó más de 20 millones de pesos por un trabajo cuyo costo máximo de mercado se estimaba en 18 millones y el mínimo en 14. Rossi está acusado como autor de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Junto a él quedaron imputados la entonces contadora municipal María Inés Martínez; el responsable de Obras Públicas, Adolfo Zenón Ortiz, y el ex secretario de Gobierno y Hacienda Roberto Carlos Méndez. El auto de remisión a juicio se notificó en julio de 2020.
A ese expediente, identificado como legajo 13268, se suma otro, caratulado “Municipalidad de Santa Elena s/ actuaciones de oficio”, vinculado a una nueva causa por peculado contra el intendente, bajo el legajo 7439.
La resolución reconstruye en detalle la secuencia de recusaciones presentadas desde que se fijó la audiencia. En junio de 2025, notificado del debate previsto para agosto y septiembre, Reggiardo recusó a los jueces Castagno, Grippo y Malvasio. Luego siguieron planteos contra vocales, fiscales y nuevos integrantes de los tribunales que iban surgiendo por inhibiciones y reemplazos.
El 3 de septiembre de 2025, cuando debía realizarse el juicio, el Superior Tribunal de Justicia volvió a integrar el tribunal. Más tarde, la defensa recusó a Cadenas y Garrera Allende, y después fue en casación. Hubo nuevas quejas, otra recusación en octubre y un nuevo recurso en diciembre. El 6 de mayo de 2026, otro tribunal rechazó de plano las recusaciones pendientes y, días después, no concedió la casación. Esa fue una de las decisiones ahora revisadas por la Cámara.
La Sala Penal del STJ ya había advertido el 28 de septiembre pasado que la conducta de Reggiardo rozaba la “malicia procesal” y lo había exhortado a ajustarse al juego limpio que debe regir en todo proceso. Casación tomó ese antecedente y lo convirtió en sanción.
Los camaristas sostuvieron que las recusaciones ya habían sido planteadas y rechazadas en esta misma causa, y que el código exige recusar “en la primera oportunidad de ser oído”. Para la Sala, ese momento ya había pasado.
También desestimaron los argumentos de fondo de la defensa, a los que calificaron de confusos y sin respaldo probatorio. En esa línea, respaldaron al juez Crespo, que había considerado una “falacia argumentativa” el intento de presentar el rechazo de una recusación como una nulidad procesal.
La multa se fundó en la Ley Orgánica de Tribunales 6902 y en expresiones vertidas por el abogado en sus escritos contra magistrados y funcionarios. La resolución cita referencias a supuestas estructuras judiciales coordinadas, a un uso electoral del proceso y a la llamada “fiesta de pandemia”, entre otras alusiones.
Para la Casación, el patrón fue claro: planteos reiterados aun sabiendo que ya habían sido resueltos, y acusaciones sobre una connivencia generalizada en el fuero penal sin aportar “ni un mínimo indicio”.
El apartamiento de un defensor elegido por el imputado abre ahora una discusión sensible sobre el derecho a la defensa de confianza, reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La defensa ya dejó planteada la reserva del caso federal y no se descarta que el conflicto siga escalando.
