Argentina iniciará un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, según informó este lunes el Gobierno nacional. La medida tiene como principal objetivo avanzar contra el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado para activar el mecanismo contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Ese instrumento establece un procedimiento mediante el cual un Estado parte puede someter una controversia a arbitraje mediante una notificación escrita a la otra parte.
Según la posición expresada por el Ejecutivo argentino, la presentación buscará impedir la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion y evitar nuevas autorizaciones sobre recursos naturales en las áreas marítimas cuya soberanía se encuentra en disputa. Junto con la decisión de recurrir al arbitraje, Argentina intimó formalmente al Reino Unido para que en un plazo de dos semanas adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos.
El Gobierno anticipó que, en caso de no obtener respuesta al requerimiento, solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar los derechos que Argentina reivindica sobre su plataforma continental. La administración nacional fundamentó su posición, entre otros instrumentos, en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esa resolución insta a Argentina y Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución a la disputa de soberanía. La Cancillería ya había invocado esa resolución este mes al cuestionar el avance de Sea Lion. Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas.
El Gobierno argentino viene desplegando distintas acciones administrativas, diplomáticas y judiciales contra el avance del proyecto. El 15 de septiembre, Cancillería informó que había presentado notas de protesta a representantes del Reino Unido e Israel por la decisión de inversión vinculada con Sea Lion.
Un día después, el Juzgado Federal de Río Grande hizo lugar parcialmente a una medida cautelar y ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto. La resolución fue adoptada por la jueza federal Mariel Borruto. El comunicado difundido este lunes también incluyó medidas relacionadas con operaciones realizadas por la compañía británica Thales UK Limited en la ruta aérea entre las islas Malvinas y Punta Arenas, Chile.
Según la posición comunicada por el Gobierno argentino, se habrían detectado operaciones realizadas mediante una aeronave con matrícula británica que no contaba con autorización de las autoridades nacionales. Ante esa situación, el Ejecutivo ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales, además de las correspondientes gestiones diplomáticas.
La decisión se sumó a otras acciones impulsadas durante septiembre contra personas y empresas que, según el Gobierno, participaron de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. La nueva acción internacional se conoció cinco días después de que Milei abordara la cuestión Malvinas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí reiteró el reclamo argentino y pidió al Reino Unido retomar las negociaciones para alcanzar una solución a la disputa de soberanía.
Argentina sostiene que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes forman parte de su territorio. Reino Unido administra las islas y rechaza negociar la soberanía mientras los habitantes del archipiélago no manifiesten esa voluntad.
Con la decisión anunciada este lunes, el Gobierno sumó así una nueva instancia jurídica internacional a las acciones que viene desarrollando contra el proyecto Sea Lion y estableció un plazo de dos semanas para que Reino Unido responda a la intimación argentina.
