Claves
- La empresa familiar Palletizate, radicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, pidió su concurso preventivo con una deuda de $2.443.251.075.
- Ante la Justicia, los representantes de la firma hablaron de una “confluencia de factores macroeconómicos“.
- Los principales fueron la inflación, el incremento de la estructura de costos operativos y la caída de la demanda interna.
La empresa familiar Palletizate, radicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, pidió su concurso preventivo con una deuda de $2.443.251.075. Ante la Justicia, los representantes de la firma hablaron de una “confluencia de factores macroeconómicos“. Los principales fueron la inflación, el incremento de la estructura de costos operativos y la caída de la demanda interna. Según el expediente judicial, la firma informó que cuenta con 80 acreedores y 33 trabajadores en relación de dependencia, publicó Diario UNO.
La empresa se dedicada al recupero, fabricación y comercialización de pallets de madera, además de ofrecer servicios de gestión y recolección de residuos sólidos industriales. Fue fundada en 2007 por Oscar Portela junto a sus hijos Mauro y Vladimir. Antes de la crisis, se había consolidado como un referente regional en sustentabilidad y producción responsable.
El 7 de octubre del año pasado fueron noticia provincial porque el gobierno aprobó su proyecto para obtener los beneficios del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Aquella vez, el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Mauricio Davico visitaron la planta. Sin embargo, la crisis golpeó con fuerza a la firma familiar, que terminó acudiendo a la Justicia.
Según contaron sus propietarios a DOS FLORINES en octubre del año pasado, hasta ese momento producían 35.000 pallets por mes y estaban lejos del pico de 75.000, que lograron en 2023. En aquella entrevista, Mauro Portela describía la difícil situación del mercado: “Se ha contraído mucho. El sector logístico está fuerte, pero el industrial ha decaído en general un 20 o 30% de lo normal”.
El pedido de apertura del concurso preventivo de la sociedad la formalizaron en la Justicia los socios Oscar Alberto Portela, Vladimir Oscar Portela y Mauro Joaquín Portela, con el patrocinio abogado Leandro Ferrando.
Según la presentación a la que accedió UNO, explicaron que “la crisis obedeció a la confluencia de factores macroeconómicos, inflación, incremento de la estructura de costos operativos, caída de la demanda interna y alargamiento de los plazos en la cadena de pagos, sumados a la absorción de recursos por el encarecimiento de líneas de financiamiento a corto plazo y de los descubiertos bancarios”.
Indicaron que “las inversiones realizadas en 2025 y las medidas de ajuste no lograron revertir el cuadro y que el estado de cesación de pagos se materializó a partir del rechazo de cheques por falta de fondos el 3 de marzo de 2026. Asimismo, impetraron medidas cautelares sobre cuentas corrientes bancarias y la suspensión del cobro de cheques diferidos”.
El 24 de julio de este año, el juzgado civil y comercial N° 3 de Gualeguaychú declaró su incompetencia para continuar entendiendo en el trámite y dispuso la remisión del expediente al juzgado especializado Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Concursos, Quiebras y Procesos de Ejecución de Concepción del Uruguay, a cargo de Máximo Agustín Mir.
Este declaró abierto el concurso preventivo de Palletizate y dispuso, como medidas cautelares, la suspensión del pago de cheques diferidos librados con anterioridad a la presentación y el mantenimiento operativo de las cuentas corrientes bancarias. Atento a la entidad de la deuda, a la complejidad del caso y al número de trabajadores y acreedores, la Justicia asumió la dirección del proceso y fijó las fechas del período concursal, a fin de garantizar la debida publicidad y el derecho de defensa de los acreedores.
Además, se integró el Comité de Control, conformado por los tres acreedores de mayor monto denunciados en el expediente: Banco de la Nación Argentina, Nuevo Banco de Entre Ríos y Banco Supervielle y un representante de los trabajadores de la empresa. En la resolución del juez Mir, se fijó el 9 de octubre como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación ante la Sindicatura actuante.
Asimismo, decretó la inhibición general de bienes de la deudora, librando oficios a los Registros de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos y el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA). La Sindicatura deberá presentar los informes finales entre el 26 de noviembre de 2026 y el 15 de febrero de 2027. Fuente: Diario UNO
